La exasperante e insoportable dilación de los procedimientos judiciales, tienen como consecuencia – entre otras - que vayamos nuevamente a ejercer nuestro derecho al voto con la incertidumbre de que algunos de los candidatos que concurren a las elecciones, sean culpables o no de los delitos que se les han imputado y que han sido cometidos en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.
Soy enormemente respetuoso con la presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera, pero eso no implica que entienda que, la potestad de las personas de obrar por reflexión y elección, se ve irremediablemente condicionada por la duda de la veracidad o no, de las imputaciones realizadas por magistrados/as que apreciaron en su momento indicios delictivos pero que todavía no han sido juzgados y por tanto no existen sentencias condenatorias ni absolutorias.
Tengamos en cuenta que las imputaciones hechas por los magistrados/as instructores por presuntos delitos, tipificados en el Código Penal tan variados como, prevaricación, cohecho, falsedad en documentos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración del precio de las cosas, corrupción urbanística y un largo etc., están basadas en numerosas diligencias que se estimaron necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, tales como investigaciones policiales, declaración de los imputados, declaración de testigos, documentales, expedientes, material contable, reportajes fotográficos, periciales, pruebas caligráficas, tasaciones y otras.
Por lo tanto, si las personas conocedoras del resultado de la práctica de todas las diligencias anteriores, no son capaces de pronunciarse en un sentido u otro, imagínense ¿qué elementos de juicio tienen los ciudadanos –ignorantes de los asuntos - para formar opinión y votar en consecuencia?
Estoy de acuerdo con los que opinan que “el retraso en la justicia es la injusticia” o que “la justicia retardada es justicia denegada“, y que la justicia para ser justa necesita, como las decisiones de calidad democrática, tomarse su tiempo pero debe ser ágil para que sea eficaz. Porque una cosa está clara y es que la justicia puede tener sus defectos, que los tiene y los seguirá teniendo, pero hay que partir de ella, de un sistema legal, para que los valores de la sociedad puedan seguir teniendo sentido. Nos guste o no en el momento en el que nos encontramos la justica y las leyes son la manera de dignificar a los seres humanos y les debemos un mínimo de respeto.
De la misma manera que un sistema electoral se hace sospechoso de inmoralidad cuando sus resultados no se proclaman a tiempo, los espantosos retrasos en la aplicación de las leyes convierten al poder judicial en un aparato torpe y pesado y al sistema democrático entero en una representación teatral.
¿Democracia? No será posible aceptar que se vive en democracia sin vivir con justicia. Y no hay justicia, no importa cómo se defina, si su determinación, su verdad, su definición del inocente y del culpable se extravía años y años en medio de legajos, escritos y métodos anticuados, pobreza, penuria o precariedad profesional, con vueltas y rodeos y dilaciones inhumanas.
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